Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve
En la Asamblea General de la OEA celebrada el año pasado en El Salvador, bajo el lema “Seguridad Ciudadana en las Américas”, el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) José de Jesús Orozco tuvo una destacada alocución. Es relevante mencionarla al menos parcialmente, dado el estado de inseguridad que vivimos: “Es deber de los estados adoptar políticas públicas de seguridad ciudadana que aseguren a la población el ejercicio efectivo de sus derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito”.
Para el comisionado Orozco, las políticas de seguridad ciudadana deben incorporar estándares internacionales de derechos humanos que sirvan de guía y límite para las intervenciones del Estado; así, se evitarán abusos en las acciones de control y represión de la violencia.
Ese discurso coincide con los pedidos que distintas voces han elevado al Gobierno nacional, para que las políticas públicas de seguridad ciudadana sean el resultado de consensos políticos y sociales.
El clamor se potencializa con eventos lamentables como el del pasado domingo, que debe investigarse. Fue un operativo policial en una casa ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía Puente Alterno Norte-Yaguachi, mediando allanamiento autorizado por un juez y ejecutado sin la presencia del fiscal. El resultado: un ganadero muerto en circunstancias que requieren aclaración.
Para el comisionado Orozco, las políticas de seguridad ciudadana deben incorporar estándares internacionales de derechos humanos que sirvan de guía y límite para las intervenciones del Estado; así, se evitarán abusos en las acciones de control y represión de la violencia.
Ese discurso coincide con los pedidos que distintas voces han elevado al Gobierno nacional, para que las políticas públicas de seguridad ciudadana sean el resultado de consensos políticos y sociales.
El clamor se potencializa con eventos lamentables como el del pasado domingo, que debe investigarse. Fue un operativo policial en una casa ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía Puente Alterno Norte-Yaguachi, mediando allanamiento autorizado por un juez y ejecutado sin la presencia del fiscal. El resultado: un ganadero muerto en circunstancias que requieren aclaración.