viernes, 13 de abril de 2012

El veto presidencial

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com 


El tradicional esquema político-institucional del país no ha variado luego de la vigencia de la nueva Constitución. Continúa la debilidad del Estado de derecho, la escasa rendición de cuentas y el comportamiento acostumbrado de partidos y movimientos políticos. A la par se propician el clientelismo y la corrupción. El desprestigio de los partidos políticos y de ciertos dirigentes se señorea con bloqueos de acciones legislativas. 

Las consecuencias de las deficiencias estructurales están a la vista en forma recurrente, alejando la ansiada gobernabilidad democrática.

Es decir, las reformas a la estructura constitucional diseñadas para generar gobernabilidad en una democracia representativa no están contribuyendo a su consolidación.

Lo indicado está presente en estos días, con ocasión del debate de la Ley de Comunicación; esta vez debido al temor del eventual ejercicio del veto presidencial a dicha ley, que finalmente se aprobare en la Asamblea. Es indudable que las controversias entre la Legislatura y el Ejecutivo continuarán y además se anuncian sin ningún pudor. No se ha generado espacio ni buscado un mecanismo de diálogo entre las funciones para resolver sobre situaciones graves que afectarán los derechos y libertades de los ciudadanos, y me temo que se los aboca a tomar alternativas inciviles.Así observo que continúa la estrategia de redactar proyectos de leyes con lenguaje obscuro, ambiguo y hasta ampuloso, lo que acrecentará la inseguridad jurídica. De otro lado, ante los legítimos cuestionamientos a la forma de poner en vigencia las leyes sin consenso, se responde cínicamente “que esas son las reglas del juego”, cuando se trata de aplicar las normas más allá de su sentido sano.

De un “presidencialismo débil” sobre el que se condolieron los asambleístas de Montecristi, hemos transitado a un parlamentarismo débil, raquítico, cómplice de la desinstitucionalización y propiciador del derrumbe de la democracia. Se dice que el parlamentarismo sin frenos fue nefasto, pero ahora el “hiperpresidencialismo hegemónico” podría conducirnos a la desaparición como Estado. Esto, sin negar que como sistema de gobierno se ha preferido en la región por un mejor desempeño relativo.

El veto presidencial, mecanismo con el cual el presidente puede rechazar una ley aprobada por la Asamblea o formular observaciones a su texto, está abonando a esa confrontación nada beneficiosa para la democracia ecuatoriana.

La finalidad razonable de un veto como facultad del presidente es tratar de impedir la entrada en vigor de leyes que estime inconvenientes o que adolecieren de vicios de inconstitucionalidad. No se concibe para otros fines, si el Ejecutivo no es el autor del proyecto.

Ahora bien, si el presidente espera que le envíen el texto de la Ley de Comunicación, para ejercer su facultad constitucional de veto, se entiende que a él se le entregará un cuerpo normativo completo, aprobado por la Asamblea con los votos necesarios, respecto de todos y cada uno de los artículos.

Por lo anterior y habiéndose resuelto votar por separado los artículos y más disposiciones, me ha saltado la duda si la aprobación parcial del cuerpo normativo de la Ley cumpliría los requisitos que le habiliten al Ejecutivo para sancionar o vetar lo aprobado por la Asamblea. ¿Qué piensa usted, amigo 
lector?

*Publicado en el diario El Universo, el viernes 13 de abril del 2012.


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