Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve
Es el término con el que el célebre magistrado argentino Mario A. Oderigo calificó a la sentencia reñida con los principios de la lógica y manifestada como un decreto del zar; pero además, relacionándolo al vocablo ruso ukaz, con las características propias de una orden injusta y tiránica.
Es que toda sentencia de un juez o tribunal, si no es producto de una operación racional, se precipita en lo arbitrario. Es necesario el estudio profundo de lo que pide el demandante y acepta o niega el demandado. Por cierto, debe verificarse –en el expediente del proceso– la existencia de pruebas que fueron pedidas oportunamente por las partes y ordenadas por el juez o tribunal. Al final, debe aplicarse la norma jurídica más adecuada al caso concreto, para llegar a la conclusión de acuerdo a lo probado y así resolver totalmente el conflicto.
Lo anterior obviamente debiera ocurrir en un estado de derecho y democrático, en el que la separación de poderes está claramente definida en lo práctico. En donde las funciones del Estado son independientes y concretan el verdadero contrapeso de los poderes que les están dados a cada una de ellas. En donde los jueces, tribunales y funcionarios del Estado, hacen directamente efectivos los derechos humanos más favorables, que reconocen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Lo cierto es que, hoy por hoy, en nuestro país no podemos afirmar que los ciudadanos tenemos las garantías de un estado de derecho. Los ejemplos están a la vista con los recientes juzgamientos en materia penal, en los que intervienen jueces y conjueces temporales. Temporalidad que ha generado el tragicómico remoquete de “jueces golondrinas”, por su corta intervención en los procesos, violando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, profiriendo agraviantes sentencias y providencias carentes de sustento legal y recto razonamiento, cuya presencia en el mundo jurídico producen tristes sensaciones… parafraseando a Oderigo.
Además, no podemos decir que vivimos en un estado de derecho, cuando se ha declarado el estado de excepción de la Función Judicial sin justificarse lo exigido en la Constitución. ¿Cómo pensar lo contrario, si alguien extraño a la Función Judicial amenaza a los jueces y les sugiere cómo deberían ser los pronunciamientos judiciales y hasta cuándo su permanencia en el cargo; y luego, si le complacen, se convierte en defensor de las abusivas decisiones judiciales, o denostador de los reticentes a consentirlo?
Pero lo más preocupante –a pesar de que con lo anterior ya tenemos bastante para estar preocupados–, es que se está introduciendo en la conciencia de la ciudadanía la alternativa para proteger sus derechos: el poder para administrar justicia no está en las Cortes. Obviamente está en el poder político y es ahí donde se debe acudir y plantear los recursos.
No estoy seguro, si ese fue el objetivo de quienes nos ofrecieron un nuevo orden constitucional y una nueva patria para todos; pero de acuerdo a lo constatado, resulta que la división tradicional de los poderes del Estado ha desaparecido y no podemos negarlo. Otra cosa es que no lo aceptemos. Vivimos el estado del Ucase.
Es que toda sentencia de un juez o tribunal, si no es producto de una operación racional, se precipita en lo arbitrario. Es necesario el estudio profundo de lo que pide el demandante y acepta o niega el demandado. Por cierto, debe verificarse –en el expediente del proceso– la existencia de pruebas que fueron pedidas oportunamente por las partes y ordenadas por el juez o tribunal. Al final, debe aplicarse la norma jurídica más adecuada al caso concreto, para llegar a la conclusión de acuerdo a lo probado y así resolver totalmente el conflicto.
Lo anterior obviamente debiera ocurrir en un estado de derecho y democrático, en el que la separación de poderes está claramente definida en lo práctico. En donde las funciones del Estado son independientes y concretan el verdadero contrapeso de los poderes que les están dados a cada una de ellas. En donde los jueces, tribunales y funcionarios del Estado, hacen directamente efectivos los derechos humanos más favorables, que reconocen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Lo cierto es que, hoy por hoy, en nuestro país no podemos afirmar que los ciudadanos tenemos las garantías de un estado de derecho. Los ejemplos están a la vista con los recientes juzgamientos en materia penal, en los que intervienen jueces y conjueces temporales. Temporalidad que ha generado el tragicómico remoquete de “jueces golondrinas”, por su corta intervención en los procesos, violando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, profiriendo agraviantes sentencias y providencias carentes de sustento legal y recto razonamiento, cuya presencia en el mundo jurídico producen tristes sensaciones… parafraseando a Oderigo.
Además, no podemos decir que vivimos en un estado de derecho, cuando se ha declarado el estado de excepción de la Función Judicial sin justificarse lo exigido en la Constitución. ¿Cómo pensar lo contrario, si alguien extraño a la Función Judicial amenaza a los jueces y les sugiere cómo deberían ser los pronunciamientos judiciales y hasta cuándo su permanencia en el cargo; y luego, si le complacen, se convierte en defensor de las abusivas decisiones judiciales, o denostador de los reticentes a consentirlo?
Pero lo más preocupante –a pesar de que con lo anterior ya tenemos bastante para estar preocupados–, es que se está introduciendo en la conciencia de la ciudadanía la alternativa para proteger sus derechos: el poder para administrar justicia no está en las Cortes. Obviamente está en el poder político y es ahí donde se debe acudir y plantear los recursos.
No estoy seguro, si ese fue el objetivo de quienes nos ofrecieron un nuevo orden constitucional y una nueva patria para todos; pero de acuerdo a lo constatado, resulta que la división tradicional de los poderes del Estado ha desaparecido y no podemos negarlo. Otra cosa es que no lo aceptemos. Vivimos el estado del Ucase.
* Publicado en el diario El Universo el viernes 16 de septiembre de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario