Jorge G. Alvear Macías
jorgalve@yahoo.com | @jorgalve
Se ha sostenido que el referéndum y la consulta, tal como han sido planteados -ajustados o no a la Constitución-, están revestidos de legitimidad. Ciertos y ciertas asambleístas señalan que es el pueblo soberano quién decidirá y, a la vez, su pronunciamiento subsanará imperfecciones de la Constitución y la inconstitucionalidad de la convocatoria.
En esa línea sugieren, en unos casos e insisten en otros, que la inseguridad debe atacarse “metiéndole mano” a la Justicia -por unos pocos meses, digamos por un ratito- a fin de nombrar los jueces que se necesitan: ¡probos, sabios y con liderazgo! Así se podrá tecnificar la judicatura. Todo para recuperar la seguridad, paz y bienestar de la ciudadanía.
Sobre el primer planteamiento he estado en desacuerdo (y aún lo estoy) porque deshonra la dignidad del pueblo ecuatoriano, presentándolo al mundo como aborregado y falto de seriedad en su compromiso con la democracia responsable.
Sin embargo, no puedo desconocer que el fin del abyecto medio pesa bastante y tiene gran aceptación. Todos queremos recobrar la seguridad. Todos queremos paz.
Por ello seduce la justificación del atropello a los procedimientos constitucionales, acumulados desde la propuesta original de preguntas, incluyendo en esos atropellos al CNE que no verificó la inteligencia del dictamen previo de la Corte Constitucional, sobre la constitucionalidad de las preguntas.
En todo caso, a medida que se acerca la fecha para votar las propuestas del Presidente, comienza a evidenciarse de que, al menos, la pregunta que se refiere a la reestructuración de la Función Judicial, no devolverá la ansiada seguridad. Además hay indicios de que sería un peligroso camino a la indefensión para los críticos del Gobierno o de los ciudadanos carentes de “padrino”.
Evidencia que no disminuirá la inseguridad es la estadística de procesos que publica la Función Judicial del Azuay en Internet. En el 2009 las causas penales estaban prácticamente al día. Fue en el 2010 cuando se duplicó el número de causas ingresadas y se produjo un gran retraso, pese al incremento de causas resueltas.
Por lo que conozco, la mayoritaria ciudadanía cuencana está consciente de que la administración de justicia penal ha sido eficiente pese a la desbordante inseguridad, la que tendría causas distintas a posibles falencias del ámbito judicial. El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, corroboró lo indicado en entrevista reciente de una estación de televisión.
Otra evidencia que se colige de la estadística -y reportes noticiosos-, es el incremento de delincuentes organizados extranjeros, con distintos y nuevos métodos ejecutados en acciones delictivas. Ahora hasta utilizan uniformes de policías y vehículos acondicionados para que parezcan de dotación policial.
Se han incrementado los homicidios y heridos con armas de fuego, en robos y asaltos. Los medios informativos reportan heridos de bala en asaltos en playas antes consideradas tranquilas y seguras.
Esto último nos conduce a cuestionar la prohibición sobre tenencia de armas, que pesa sobre el ciudadano común y los guardias metropolitanos; y a sostener que es inconstitucional, pues impide ejercitar en esas circunstancias, y con medios proporcionales, el legítimo derecho de defensa de la vida y los bienes.
¿Será que esta prohibición habría facilitado, en alguna medida el homicidio de un ex comandante de la Fuerza Aérea?
Se ha sostenido que el referéndum y la consulta, tal como han sido planteados -ajustados o no a la Constitución-, están revestidos de legitimidad. Ciertos y ciertas asambleístas señalan que es el pueblo soberano quién decidirá y, a la vez, su pronunciamiento subsanará imperfecciones de la Constitución y la inconstitucionalidad de la convocatoria.
En esa línea sugieren, en unos casos e insisten en otros, que la inseguridad debe atacarse “metiéndole mano” a la Justicia -por unos pocos meses, digamos por un ratito- a fin de nombrar los jueces que se necesitan: ¡probos, sabios y con liderazgo! Así se podrá tecnificar la judicatura. Todo para recuperar la seguridad, paz y bienestar de la ciudadanía.
Sobre el primer planteamiento he estado en desacuerdo (y aún lo estoy) porque deshonra la dignidad del pueblo ecuatoriano, presentándolo al mundo como aborregado y falto de seriedad en su compromiso con la democracia responsable.
Sin embargo, no puedo desconocer que el fin del abyecto medio pesa bastante y tiene gran aceptación. Todos queremos recobrar la seguridad. Todos queremos paz.
Por ello seduce la justificación del atropello a los procedimientos constitucionales, acumulados desde la propuesta original de preguntas, incluyendo en esos atropellos al CNE que no verificó la inteligencia del dictamen previo de la Corte Constitucional, sobre la constitucionalidad de las preguntas.
En todo caso, a medida que se acerca la fecha para votar las propuestas del Presidente, comienza a evidenciarse de que, al menos, la pregunta que se refiere a la reestructuración de la Función Judicial, no devolverá la ansiada seguridad. Además hay indicios de que sería un peligroso camino a la indefensión para los críticos del Gobierno o de los ciudadanos carentes de “padrino”.
Evidencia que no disminuirá la inseguridad es la estadística de procesos que publica la Función Judicial del Azuay en Internet. En el 2009 las causas penales estaban prácticamente al día. Fue en el 2010 cuando se duplicó el número de causas ingresadas y se produjo un gran retraso, pese al incremento de causas resueltas.
Por lo que conozco, la mayoritaria ciudadanía cuencana está consciente de que la administración de justicia penal ha sido eficiente pese a la desbordante inseguridad, la que tendría causas distintas a posibles falencias del ámbito judicial. El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, corroboró lo indicado en entrevista reciente de una estación de televisión.
Otra evidencia que se colige de la estadística -y reportes noticiosos-, es el incremento de delincuentes organizados extranjeros, con distintos y nuevos métodos ejecutados en acciones delictivas. Ahora hasta utilizan uniformes de policías y vehículos acondicionados para que parezcan de dotación policial.
Se han incrementado los homicidios y heridos con armas de fuego, en robos y asaltos. Los medios informativos reportan heridos de bala en asaltos en playas antes consideradas tranquilas y seguras.
Esto último nos conduce a cuestionar la prohibición sobre tenencia de armas, que pesa sobre el ciudadano común y los guardias metropolitanos; y a sostener que es inconstitucional, pues impide ejercitar en esas circunstancias, y con medios proporcionales, el legítimo derecho de defensa de la vida y los bienes.
¿Será que esta prohibición habría facilitado, en alguna medida el homicidio de un ex comandante de la Fuerza Aérea?
Publicado en el diario El Universo, el viernes 8 de abril del 2011
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