El 5 de febrero de 1975 se produjo, en la capital del vecino Perú, una huelga de 1.000 policías por reclamos salariales, que la prensa local calificó como el “Limazo” e inicio de una “orgía de vandalismo y saqueo desaforado” a que fue sometida la ciudad de Lima, sin protección de la gendarmería. Al saqueo de almacenes y viviendas, le sucedió la confiscación de los diarios y la toma militar de los canales de televisión, y una cruenta represión que dejó como saldo 100 muertos y 1.000 heridos.
Eran tiempos de la dictadura del general Velasco Alvarado, que luego de tal violencia y caos, inició su fin y dejó un triste recuerdo a los peruanos, además de una economía destruida.
En esa ocasión, el detonante fue la bofetada de un general a un policía raso, por haber permitido que un periodista se acercara al auto presidencial. El Ejército utilizó tanques de guerra para recuperar el cuartel de policía e impedir que una turba atacara la Embajada de Estados Unidos. Esto último dio lugar a una anécdota, pues un diplomático norteamericano habría dicho: “¡Gracias a Dios por los tanques rusos!”.
He referido ese acontecimiento para intentar encontrar explicaciones y enseñanzas en los deplorables hechos del pasado 30 de septiembre, que así como el ataque a las Torres Gemelas marcó un cambio del mundo, seguramente marcarán el verdadero cambio de nuestro país.
Ese cambio difiere del modelo rígido dibujado por los integrantes de la clase política gobernante. Se trata de un cambio que ya los ha desbordado. No lo podrán evitar con su retórica de muletilla mientras reeditan, con apoyo de la tecnología y las dádivas, las malas prácticas políticas del pasado.
Mientras no entiendan que el consenso de valor permanente solo se logra con los representantes de la ciudadanía que tienen una visión distinta a la del oficialismo, el cambio los seguirá desbordando. Es la coincidencia en objetivos de bien común, la que concreta el verdadero pluralismo y la participación en real democracia. Es necesario que ello ocurra en la Asamblea Legislativa –y como una cuestión de honor y dignidad– todos defiendan los acuerdos por mínimos que sean, para recuperar el respeto que esta función del Estado necesita para sobrevivir.
Paralelamente, los asesores del Presidente deberían hacerse escuchar con personalidad y evitarle los errores que nos afectan a todos. No es justificación, ni nos sirve de consuelo que se repitan ellos mismos, lo inútil que sería intentar aconsejarlo dada la forma de ser del Presidente. Debe existir algún medio para transmitirle serenidad y sensatez. Por ejemplo, el ministro Jalkh es un especialista en mediación, brillante profesor de sistemas alternativos de solución de conflictos y no encaja con la tesis de la confrontación violenta. Debe hacer lo suyo.
La huelga policial del jueves 30 fue una “alerta naranja” y no es admisible, por la supervivencia del Estado, continuar por la senda de medir fuerzas e intentar reafirmar la imagen de un gobierno que, como se ha evidenciado, pudo sucumbir sin necesidad de un plan desestabilizador. El Ecuador requiere seguridad y paz, con respeto y libertad de información.
*Publicado en el Diario El Universo, viernes 08 de octubre del 2010
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